Titulares llevan al Senado quejas por la Ley de Condominios y piden cambios
A una titular que tuvo que desalojar su unidad tras los terremotos del sur en 2020 le siguen cobrando cuota de mantenimiento, aunque no puede residir en su apartamento.
La Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor que encabeza el presidente del Senado, José Luis Dalmau, recibió el miércoles pasado a casi un centenar de titulares de condominios que buscan crear un comité para impulsar cambios a la Ley de Condominios de 2020 y detener lo que catalogaron como el abuso y la “mala convivencia” que genera ese estatuto.
La acogida de los senadores fue mínima, siendo Dalmau, del Partido Popular Democrático (PPD), Keren Riquelme, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el senador independiente José Vargas Vidot los únicos miembros del cuerpo que asistieron, según el registro de la comisión. “Además de senador, soy titular y estoy sufriendo las mismas cosas”, dijo Vargas Vidot al advertir al grupo de la tarea que les queda por delante para lograr cambios a una ley que puede ser sujeto de otros sectores que quieren dejarla como están.
La Asociación de Titulares de Condominios, Inc. (ATC), que preside Marimar Pérez Riera, y la Asociación de Administradores de Condominios de Puerto Rico, Inc. (AAC), que preside Sharon Rodríguez Díaz, promovieron el evento en el que los titulares tuvieron oportunidad de relatar los problemas que han tenido. En varios de los testimonios se repetían los nombres de abogados y asesores que las Juntas de Directores contratan y que los titulares entienden son parte del problema, además de lo que entienden es la incapacidad del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para ser el foro que fiscalice y atienda las controversias bajo la Ley de Condominios.
Un testimonio que ya fue objeto de revisión judicial fue el de Yvette González Cuascut, dueña de una unidad en el condominio Estancias de Aragón, en Ponce, que a pesar de que no puede ocupar su apartamento desde los terremotos de 2020 porque el edificio fue declarado inseguro, se le siguen cobrando las mismas cuotas de mantenimiento y se le requiere estar al día en las mismas para poder participar en las asambleas y preguntar qué se está haciendo para atender el daño en su edificio y que se le permita regresar a ocupar su unidad.
“Esta ley (de Condominios) la describo como: ilegal, contradictoria, inhumana e incongruente”, dijo al confesar que el suceso ha conllevado que le diagnostiquen depresión y ansiedad. Cuando ocurrieron los terremotos en enero de 2020, González Cuascut estaba cerca de tener su propiedad salda y planificaba su retiro, pero el desalojo la forzó a buscar otra vivienda. Los alquileres estaban escasos por la cantidad de gente que buscaba vivienda alterna como consecuencia de los terremotos y tuvo que volver a endeudarse por 30 años por una hipoteca. Inicialmente, se mantuvo pagando cuota de mantenimiento para participar de las asambleas del condominio en el que todavía tiene una propiedad, pero dejó de pagarlas cuando no prosperaron sus solicitudes para que la cuota fuera ajustada de acuerdo al nivel de ocupación y para que el presupuesto de mantenimiento fuera reducido y ajustado a la luz de la cantidad de apartamentos desalojados en el complejo residencial.
La mujer recurrió al DACO pero la agencia le desestimó la querella sumariamente, precisamente, porque no tenía sus cuotas al día y no pudo presentar una certificación de deuda negativa. González Cuascut recurrió al Tribunal de Apelaciones representándose a sí misma y en abril pasado ese foro revocó al DACO y lo fustigó por “abusar” de su discreción.
“[L]a decisión de la agencia al desestimar la demanda por el fundamento de que la señora González Cuascut, al presentar la querella adeudaba cuotas de mantenimiento y de seguro comunal, no solo es contraria a la ley y a su reglamento, sino que la misma fue arbitraria e irrazonable al ignorar la situación particular y extraordinaria del efecto que produjo los terremotos del 2020. Recordemos que la querellante no abandonó su apartamento como aduce la Junta. Más bien, esta fue desalojada por notificación del propio Consejo de Titulares el 6 de marzo de 2020”, argumentó el panel compuesto por los jueces Roberto Sánchez Ramos, Waldemar Rivera Torres y Carlos Salgado Schwarz.
Estos recordaron a la agencia que una de las excepciones al requisito de estar al día en la cuota para poder pedir la revisión del foro administrativo es, precisamente, cuando se trata de una impugnación de la cuota. “[E]l DACO erró al desestimar la querella y a su vez, no cabe duda de que dicha actuación constituyó un abuso de discreción al ignorar las particularidades que rodean la reclamación. Enfatizamos que la situación por la cual atraviesa el Condominio Estancias de Aragón plantea cuestiones noveles de hechos y de derecho que requieren un análisis profundo acorde con la legislación regente”, concluyeron.
Sobre la ley, que fue aprobada meses después de los terremotos, la mujer cuestionó durante el encuentro: “[S]i yo no abandoné mi propiedad, fui desalojada por causas ajenas a mi voluntad, entonces, ¿Por qué esta ley no contempla mecanismos expeditos para atender estas situaciones extremas e inesperadas? ¿Por qué si hubo la perdida y desalojo de mi propiedad, tengo que seguir pagando la cuota de mantenimiento? ¿Por qué si el 72% del complejo de apartamentos ya no hace uso y disfrute de su propiedad y de las áreas comunes, la junta no ha querido hacer un ajuste de cuota e insiste que tienen el mismo presupuesto operacional? ¿Por qué no nos proveen de los reportes de las cuentas bancarias para constatar que el gasto es el mismo? ¿Por qué no hacen recortes en el presupuesto? ¿Por qué esta ley viola mi derecho constitucional a la libre expresión, en las asambleas, pues no me permite expresarme por tener deuda de cuota y la junta ni siquiera me contesta los correos donde solicito lo que no me permiten que exprese en las asambleas? ¿Por qué la ley no me permite votar en las asambleas, particularmente con esta situación extraordinaria, si hasta los presos en este bendito país tienen derecho a votar? ¿Por qué tengo que ir al DACO a querellarme si yo no soy un consumidor, yo soy dueña y propietaria de mi apartamento?”.
Similarmente, otros titulares que se expresaron durante la actividad señalaron que falta educación para los titulares y para los integrantes de las juntas sobre el alcance de la ley; que no hay consecuencias para las actuaciones indebidas de las juntas porque los abogados que las representan y hasta las multas que le pueden imponer las pagan los mismos titulares y no la pagan de su propio bolsillo; que DACO es lento atendiendo las querellas; que se violan las escrituras matrices de los condominios, específicamente en el tema de permitir los alquileres a corto plazo; que se abusa del mecanismo de las asambleas virtuales en las que callar a alguien es tan fácil como inhabilitarle el micrófono y en las que no se pueden asegurar si todos los asistentes son realmente titulares con derecho a participar porque se conducen con las cámaras apagadas; y que las juntas contratan, con dinero de los titulares, moderadores y parlamentaristas que acaban conduciendo las asambleas en vez de que las conduzcan los oficiales electos y que atropellan de palabra y acción a los titulares.
